Van con todo

La fulminante destitución de Santiago Nieto de la Fiscalía Especializada Para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), reitera la decisión de Enrique Peña Nieto (EPN) y sus cómplices de utilizar toda clase de artimañas para desprestigiar, debilitar o destruir a cualquiera que ponga en riesgo sus intereses económicos y políticos.

El mensaje es claro: por encima de las leyes y la justicia, pretenden hacer prevalecer el pacto de corrupción e impunidad que sostiene a este gobierno. Es decir, van con todo y recurrirán a lo que sea con tal de ganar la presidencia en 2018.

Y quienes pretendan ponerlo en riesgo, sabrán a que se atienen. Ahí están, por ejemplo, la campaña de descalificación contra los dirigentes del Frente Ciudadano por México (FCM); los ataques contra periodistas incómodos, el espionaje a dirigentes de organizaciones ciudadanas y defensores de derechos humanos; entre una larga lista.

Sin el menor rubor, EPN está utilizando las dependencias y el presupuesto público para atacar a quienes lo cuestionan, como la PGR, que no resuelve casos graves de corrupción, pero fabrica con celeridad expedientes contra personajes de la oposición para desprestigiarlos con señalamientos endebles.

El objetivo actual es Alberto Anaya, líder del PT y aliado de Morena, a quien en el colmo del exceso acusan de “financiar con recursos ilícitos al terrorismo.” Esta es una grave irresponsabilidad y un uso faccioso de las instituciones para acelerar o en su caso evitar la procuración de justicia.

Esto último ocurrió con La Casa Blanca, el primer gran escándalo de corrupción de esta administración. Eso mismo aconteció con el empeño del Ejecutivo de imponer al “Fiscal Carnal” como Fiscal General de la República, pilar del Sistema Nacional Anticorrupción. Al no lograrlo por la firme oposición del FCM, pretende que el Fiscal se designe hasta después de las elecciones del próximo año.

Se acepte o no, la destitución de Santiago Nieto encaja en este esquema. Le están cobrando que se haya convertido en un personaje incómodo para quienes detentan el poder.

Él fue quien presentó, como parte de la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el proyecto para anular las elecciones de Morelia, ganadas por el candidato priísta Wilfrido Lázaro.

Ya como titular de la FEPADE, solicitó una orden de aprehensión por delito electoral contra Javier Duarte, exgobernador de Veracruz, por cierto, muy amigo de Emilio Gamboa, coordinador de los senadores priístas, quien ahora, muy diligente, operaba para que el Senado ratificara la destitución de Santiago Nieto.

La FEPADE investiga el presunto financiamiento electoral ilegal de Odebrecht a Peña Nieto y al parecer el presidente sabe que la indagación no convenía a sus intereses y decidió dar un golpe de mano con la defenestración de su titular sin acreditar las causas legales para hacerlo y sin importar que su nombramiento es responsabilidad del Senado de la República.

Más allá de que Santiago Nieto haya decidido retirar la objeción de procedimiento que presentó al Senado para no ser removido del cargo, porque considera que no existen las condiciones para realizar su labor; el hecho es que el gobierno está golpeando a una institución que ha logrado cierta credibilidad y confianza en su actuación; y, por otra parte, utiliza otras para evadir la aplicación de la justicia.

Es por eso que se pretende que la única responsable de la investigación sobre Odebrecht sea Arely Gómez, actual titular de la Secretaría de la Función Pública, quien ya adelantó el inicio de 8 procedimientos administrativos por los contratos entre dependencias del gobierno federal y las 21 filiales de la compañía brasileña.

En varios países de América Latina, los sobornos que repartió Odebrecht para conseguir contratos de obra pública le han costado el cargo a presidentes y funcionarios y el encarcelamiento de varios de ellos.

En México, la resolución no sólo se ha postergado sino que se vislumbra la intención de cerrar el caso con la imputación a empleados menores involucrados, a pesar de los vínculos de la empresa con funcionarios de alto nivel, entre ellos Emilio Lozoya, quien es señalado de haber recibido dinero de Odebrecht para la campaña de Peña Nieto y que después, como titular de Pemex, facilitó contratos multimillonarios a esta compañía.

La tajante destitución de Santiago Nieto exhibe la despótica conducta del primer mandatario y su determinación, junto con la camarilla que lo acompaña, de ganar a sangre y fuego las elecciones del próximo año. Se ciñen al viejo adagio de Fidel Velázquez, pilar del régimen autoritario, “a balazos llegamos al poder y sólo con balazos nos van a sacar; no con votos”.

Ese es el mensaje que están mandando. Quien desde la oposición no lo entienda así, no está entendiendo nada. Por eso no se debería despreciar ninguna posible alianza para poder enfrentar al régimen y a este gobierno sátrapa.

*Miguel Alonso Raya es profesor, militante por las causas de la Educación Pública, la Seguridad Social, el Sindicalismo y el Partido de la Revolución Democrática.​ ​Twitter: @AlonsoRaya_