Frente a la desgracia, actuemos con responsabilidad

La dimensión de los daños y el número de víctimas provocados por los sismos del 7 y 19 de septiembre demandan actuar con responsabilidad. La sociedad en general exige a los gobiernos, partidos y clase política una respuesta inmediata, transparente, eficiente, eficaz y honesta. Es lo menos que se debe hacer.

Existen suficientes recursos públicos para la reconstrucción y ayudar a los damnificados; tan sólo los fondos institucionales y donaciones para atender el impacto de desastres naturales suman cerca de 40 mil millones de pesos. (Pagaza, Eduardo, SPDnoticias 26/09/2017).

Este monto cubriría la reconstrucción si se considera en que el Ejecutivo Federal calcula que costará cerca de 38 mil millones. No obstante, si hicieran falta recursos, se cuenta con otras partidas presupuestales de donde se podría recortar.

El Proyecto de Presupuesto de Egresos para 2018 contempla un gasto de más de 5 billones de pesos. Si bien es cierto que la Secretaría de Hacienda entregó la propuesta a la Cámara de Diputados el 8 de septiembre, el tamaño de la catástrofe provocada por los terremotos demanda una reasignación urgente de los recursos públicos y en este ajuste tienen que colaborar los tres Poderes de la Unión y los gobiernos de los estados afectados.

Un ejercicio somero del presupuesto que se asignaría el próximo año a los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, permite detectar un despilfarro de dinero que bien podría destinarse para acciones prioritarias como las que ahora se requieren. Tan sólo, para la Oficina de la Presidencia de la República, la administración federal solicita para el próximo año casi mil 800 millones.

Del gasto que se propone para Presidencia hay varias partidas de donde se puede recortar, entre ellas, la Coordinación General de Comunicación Social, la Vocería del Gobierno de la República y la de Servicios de comunicación social y publicidad que ascienden a poco más de 208 millones de pesos. (PPEF 2018)

El tema del gasto del gobierno federal en publicidad es clave, en esto debe ponerse atención cuando de generar ahorro se trata. Un estudio de Fundar encontró que de 2013 a 2016, el gobierno de Enrique Peña Nieto ha gastado en este rubro 36 mil 261 millones de pesos, 71% más de lo que el Congreso le aprobó; en promedio, esta cifra implica una erogación de 24.8 millones de pesos por día o un millón de pesos por hora (Animal Político, 5/09/2017).

El Poder Legislativo solicita más de 15 mil millones de pesos; sólo para Servicios de comunicación social y publicidad, pretende asignar 241 millones y, por si fuera poco, propone un gasto multimillonario para el pago de estímulos a servidores públicos, traslado y viáticos, combustibles, lubricantes y aditivos, vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos, entre otros.

El Poder Judicial demanda 77 mil 266 millones, de los cuales, propone asignar recursos para gastos realmente fuera de lugar como alimentos y utensilios, servicios de traslado y viáticos; vehículos y equipo de transporte, entre algunos más.

Esta danza de cifras retrata el despilfarro de recursos públicos en la que todos los poderes, niveles de gobierno, partidos e instituciones incurren que, de no corregirse, francamente sería una grave irresponsabilidad.

Por ello es importante que actuemos con seriedad y no caigamos en conductas oportunistas como las de quienes proponen eliminar el cien por ciento de las prerrogativas a partidos políticos.

La propuesta del PRI trae plan con maña, porque lo que presume que “donará” ahora, no afectará los más de mil millones de pesos que recibirá para las elecciones del próximo año.

Además, está más que demostrado que el PRI recurre a todo tipo de triquiñuelas cuando de obtener recursos para elecciones se trata. Baste con citar las tarjetas tipo Monex, la práctica común de comprometer obra pública con empresas a cambio de financiamiento para campañas, el uso de programas federales, el dinero del erario que desvían sus gobernadores al partido; entre un sin fin de ilegalidades conocidas y por conocer.

Por eso no es correcto que la oposición caiga en el juego del PRI, porque en el fondo lo que este partido pretende, aprovechando las circunstancias, es ganar a costa de lo que sea, con recursos legales o ilegales, la elección de 2018.

Nadie pone en duda de que se tiene que reducir el financiamiento público a los partidos políticos y que este ahorro se tiene que sumar a la bolsa destinada a la reconstrucción y damnificados, pero desaparecerlos es un despropósito porque es tanto como privatizar la política, tipo Estados Unidos.

El Frente Ciudadano por México (PRD-PAN-MC) presentó en la Cámara de Diputados una Iniciativa que propone reformar la Constitución, el Presupuesto de Egresos de la Federación y la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Tiene como propósito atender la demanda social de reunir recursos suficientes para la reconstrucción y damnificados, bajo un principio de responsabilidad y de que todos los entes públicos se aprieten el cinturón.

Propone, entre otros aspectos, la eliminación constitucional del financiamiento público a los partidos políticos; reducción de topes de gastos de campaña al máximo; y la eliminación de los gastos de publicidad gubernamental. Adicionalmente plantea un programa de austeridad para el Gobierno Federal.

Con esta propuesta, el Frente busca reasignar casi 48 mil millones de pesos del PPEF 2018 para usarlos en la reconstrucción y apoyo a damnificados de contingencias ambientales en territorio nacional, pero, a través de la creación del Fondo de Reconstrucción Nacional vigilado por ciudadanos con alta probidad moral y profesional.

Ante la emergencia nacional no caben el oportunismo y el cálculo político. La gente espera que los gobiernos y partidos actúen con responsabilidad y utilicen correctamente el dinero de todos los mexicanos; de lo contrario, de que se las van a cobrar, se las van a cobrar.