Seguridad, otro de los grandes fracasos de Peña Nieto

Enrique Peña Nieto se comprometió a lograr un México seguro, recuperar la paz y la tranquilidad, convertir la seguridad en una política de Estado para reducir la violencia, los homicidios y las extorsiones del crimen organizado. A un año de culminar su mandato, la política pública en esta materia, es un estrepitoso fracaso.

El año pasado fue calificado como el “peor en la historia reciente del país”, por la organización Semáforo Delictivo. Hasta septiembre de 2017 se habían registrado 13 mil 513 ejecuciones por parte del crimen organizado y 18 mil 505 homicidios dolosos, 53% y 23%, respectivamente, más que el mismo periodo de 2016.

En el inició de este año continuó la espiral de violencia. En los primeros nueve días de 2018 se contabilizaron más de 200 homicidios a lo largo y ancho del territorio nacional…Guerrero, Baja California Sur, Colima y Chihuahua han concentrado la violencia de las últimas horas. (El País, 09/01/2018)

En el caso de Guanajuato, la inseguridad y los asesinatos siguen al alza. Si 2017 marcó al estado por ser uno de los años más violentos (hasta noviembre se reportaron 992 homicidios dolosos); todo indica que 2018 no será diferente.

Tan sólo del viernes 12 al domingo 14 de enero se cometieron 23 homicidios en diferentes municipios. La última masacre ocurrió en Salvatierra, en donde los asesinos se dieron tiempo incluso de rematar a una de las víctimas en el Hospital General a donde fue trasladada para su atención, y de paso ultimaron al policía que lo custodiaba.

Peña Nieto tomó la decisión de convertir a Gobernación en una “supersecretaría”, para que asumiera las funciones de seguridad pública, tomando a su cargo a la Policía Federal (PF), el sistema penitenciario, el Sistema Nacional de Seguridad Pública y el Centro de Investigación y Seguridad Nacional.

A la luz de los resultados, es evidente que fue un error que la dependencia responsable de la política interior, de las relaciones con el Congreso de la Unión y de atender los problemas políticos; concentrara todas estas funciones. Mientras que el país estaba sumido en la ingobernabilidad, no había día en que el titular de la dependencia, Miguel Ángel Osorio Chong, no estuviera ocupado en un algún asunto relacionado con la inseguridad.

La creación de la Gendarmería Nacional, subordinada a la PF, es otro de los grandes tropiezos. Propuesta por el presidente, fue creada en 2014, se le asignaron dos mil 842 millones de pesos para su operación y en los hechos no ha funcionado.

En total, bajo la responsabilidad de Osorio Chong, la Secretaría de Gobernación recibió 365 mil millones de pesos. El despilfarro de recursos públicos en el rubro de seguridad pública y la falta de transparencia en su manejo han sido la característica de la actual administración.

Tan sólo de 2013 a 2016, de acuerdo con la Secretaría de Hacienda, de la partida 33701 “Gastos de seguridad pública y nacional”, el gobierno federal erogó 40 mil 545 millones de pesos, a pesar de que el Congreso de la Unión sólo le aprobó 2 mil 915 millones de pesos para esos fines, lo que implica un incremento presupuestal de 1,291% (Animal Político, 08/05/2017).

Frente al fracaso de la estrategia de Peña Nieto, y de los funcionarios que puso a cargo, la responsabilidad de la seguridad pública y el combate al crimen organizado sigue dependiendo de las Fuerzas Armadas, por eso la insistencia presidencial de impulsar la Ley de Seguridad Interior que avala la actuación permanente del Ejército y la Marina en estas tareas; sin importar que se vulneren los derechos humanos, la soberanía de estados y municipios y que se posponga la creación de la policía nacional y estatal que la situación actual demanda.

De ahí que su aplicación esté en el limbo porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya aceptó a trámite la controversia constitucional que interpuso el municipio de San Pedro Cholula, Puebla, contra dicha ley; en tanto que diputados y senadores del PRD, PAN, MC y Morena, ya presentaron también su respectiva controversia.

Un aspecto clave de las fallas en este rubro fue el hecho de que nunca se tomó la decisión de afectar las finanzas de los capos y organizaciones criminales. A ninguno de los que han sido detenidos hasta ahora se les han decomisado las grandes fortunas que amasaron al amparo del narcotráfico.

El lavado de dinero es vital para la expansión de la delincuencia y el gobierno federal no se ha preocupado por combatirlo de manera contundente, como tampoco ha sido capaz de evitar la vinculación de algunos elementos de corporaciones policiacas y altos funcionarios con el crimen organizado.

En algunos casos ha sido deliberadamente omiso. ¿O acaso los órganos de inteligencia desconocían que al tiempo que se desempeñaba como Fiscal de Nayarit -cargo que le permitía formar parte del Sistema Nacional de Seguridad-, Édgar Veytia era integrante de un grupo criminal que en poco tiempo desplazó a otros muy importantes en la región, obtuvo ganancias multimillonarias y ejerció una violencia brutal contra ciudadanos y elementos de las corporaciones policiacas federales?

De tal manera que mientras estos y otros errores no se corrijan, la violencia y la inseguridad persistirán. Se tiene que diseñar una estrategia integral que implica, entre otros aspectos, cambiar el enfoque policiaco-militar, designar a un equipo de funcionarios profesional y eficaz e involucrar en la toma de decisiones a los distintos niveles de gobierno; teniendo como aspecto esencial el respeto a los derechos humanos y la soberanía de estados y municipios.

Simultáneamente, se deben utilizar de manera más eficiente y transparente los recursos públicos destinados a la seguridad, invertir más en educación, el empleo y fortalecer a las corporaciones policiacas para que puedan enfrentar su responsabilidad de manera adecuada en todo el territorio nacional.

Sin embargo, es claro que al actual grupo en el poder no le interesa resolver de fondo este grave problema. Por eso la solución está en la alternancia y en la integración de un gobierno de coalición que tenga un amplio respaldo ciudadano, de organizaciones civiles, personalidades y de equipos con suficiente inteligencia y capacidad para poder rediseñar la política de seguridad pública que termine con el baño de sangre en el que han sumido a México.