Otro México emerge de los sismos

La movilización ciudadana, oportuna, eficaz, generosa y solidaria; que se activó minutos después del sismo del 19 de septiembre de 2017 (19S-2017) y que se ha mantenido hasta este momento, genera la esperanza de que otro México es posible.

La dimensión del desastre, la ineficaz actuación de algunos gobernantes y el intento de manipulación de autoridades, políticos y medios de comunicación, han generado una indignación ciudadana de repercusiones que aún no es posible medir, pero que es de esperar impacte para bien en muchos ámbitos de la vida nacional.

Como en 1985, el sismo del 19S-2017 puede marcar un antes y un después para México porque a pesar de que tuvimos un temblor con características atípicas, lo cierto es que la dimensión del desastre está más vinculada a otras razones como la corrupción, la autorización indebida para la construcción de inmuebles, la falta de regulación y verificación adecuada, la red de intereses entre autoridades y empresas constructoras de vivienda.

De lo que hasta ahora se tiene registro, tan sólo en la Ciudad de México el sismo provocó el derrumbe de cerca de 40 inmuebles y dañó aproximadamente 3 mil 848, muchos de ellos recién construidos. El mayor impacto tuvo lugar en aquellas zonas en donde ha tenido lugar una explosión inmobiliaria y/o levantado enormes edificios habitacionales.

Si bien hemos mejorado en materia de protección civil y tecnología para prevenir y enfrentar las consecuencias de un movimiento telúrico, lo cierto es que no hemos superado las causas por las que fundamentalmente impactan tanto los fenómenos naturales y mucho de ello tiene que ver con la corrupción e irresponsabilidad de funcionarios y un modelo económico incapaz de generar mejores oportunidades para todos.

La mayor parte de los afectados de los fenómenos naturales que han tenido lugar este año, son los pobres o la clase media baja. Al igual que en el 85, en esta ocasión otro grave problema es la impunidad. Ni las autoridades que autorizaron ni los empresarios que construyeron muchos de los edificios que se cayeron entonces, fueron sancionados.

Como tampoco han sido castigados los dueños de los desarrollos construidos en zonas bajas o en suelos inestables que en los últimos desastres naturales han sido arrasados por inundaciones o que han utilizado materiales insuficientes y de mala calidad en inmuebles que se han derrumbado por los sismos recientes, particularmente en zonas costeras y urbanas cuyos precios además son insultantes.

El interés ciudadano está concentrado en este momento en el rescate y el apoyo a damnificados, pero es de prever que evolucionará a otros aspectos como los mencionados y, por supuesto, en cuestiones como la organización comunitaria, la exigencia que se atiendan bien a damnificados y que los gobiernos destinen recursos suficientes para atender los daños.

De hecho, la indignación ciudadana ya tuvo una primera repercusión al presionar a autoridades electorales y partidos políticos para que parte de sus recursos para la campaña electoral 2018 se destinen a la reconstrucción. Sin embargo, siempre vamos a encontrar dirigentes políticos y partidos que tratarán de usar la tragedia para “llevar agua a su molino”.

En lugar de actuar de manera oportunista, el PRI debería aprobar el proyecto de dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales -derivado de las iniciativas #SinVotoNoHayDinero y Voto en Blanco de Pedro Kumamoto y Agustin Basave (PRD)-, que propone reducir en un 50 por ciento el financiamiento público a los partidos políticos.

Sin lugar a dudas debe reconocerse como un triunfo de la sociedad civil el que el Instituto Nacional Electoral (INE) esté tratando de construir un acuerdo con los representantes de los partidos políticos con el fin de encontrar una salida legal para que puedan donar sus prerrogativas.

Empero, los responsables de la situación, al menos en este caso, no son los partidos ni el sistema electoral que hemos construido.

Nadie discute que requieren cambios, pero, mermar el sistema de partidos y las instituciones electorales a largo plazo puede limitar las posibilidades de cambio, porque frente a los vacíos institucionales se podrían fortalecer, aún más, los grupos de poder económicos y criminales, que de por sí ya influyen en las elecciones e imponen gobernantes.

Adicionalmente, se ampliarían los espacios para que fluya el financiamiento privado e ilegal a las campañas. Baste recordar aquí los escándalos de la “Casa Blanca”, -financiada en beneficio de la pareja presidencial por la empresa Higa-, de OHL y Odebrecht, que presuntamente destinaron recursos a la campaña de Peña Nieto y, que, a lo largo del sexenio, han recibido multimillonarios contratos de obra pública.

El problema de fondo es el régimen político y la irresponsabilidad de una clase gobernante que ha hecho del servicio público un negocio. Hay suficientes recursos públicos para atender el desastre, pero éstos se utilizan en asuntos que no resultan útiles para la sociedad, de los que hacen uso los funcionarios públicos como si el país fuese su patrimonio.

Además de los 6 mil millones de FONDEN, hay 3 mil del bono catastrófico y 6 mil del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos. A estos se deberían sumar los 9 mil millones que el gobierno federal tiene para publicidad, más otros como los destinados a seguros de gastos médicos mayores, vehículos, seguridad personal, celulares, viajes al extranjero, viáticos, entre muchos otros.

La Cámara de Diputados está obligada a replantear el Proyecto de Presupuesto de Egresos 2018 que ya le hizo llegar el Ejecutivo Federal, con el propósito de reasignar el gasto y canalizar recursos suficientes para la reconstrucción de infraestructura carretera, vivienda, escuelas y hospitales, atención a damnificados, programas sociales, seguridad social, educación, empleo temporal, entre otros rubros que serán necesarios y prioritarios.

Esto tiene un carácter urgente, porque de lo contrario, la movilización y la indignación social escalará hasta provocar un sismo político y social.

No hay que perder de vista que, en su mayor parte, han sido los jóvenes -a quienes durante mucho tiempo los gobiernos e instituciones ignoraban e incluso agraviaban con el términos de Ninis- quienes con entusiasmo se han echado a la espalda la enorme tarea de remover escombros, rescatar y organizar el acopio y distribución de víveres.

De esta lamentable situación, es posible percibir que otro México está surgiendo de los escombros, uno donde la generosidad, la sensibilidad y el amor de la gente por sus conciudadanos y país, se visibiliza y emerge del desastre natural.

Los ciudadanos no sólo están actuando solidariamente sino que están exigiendo, desde ya, acabar con el pacto de corrupción e impunidad, la falta de transparencia, el despilfarro, el oportunismo político y el negocio al amparo del servicio público y de los recursos y bienes nacionales.

El mensaje es claro, o la clase política y el grupo en el gobierno atienden las demandas o tendrán que asumir las consecuencias. Porque sin duda, de la desgracia, está emergiendo otra sociedad que exige que los gobernantes pongan en el centro de su preocupación y acción a las personas.

El resto está por verse, pero es seguro que en 2018 los ciudadanos harán pagar a los partidos y la clase política sus irresponsabilidades, corrupción e incompetencia.