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El miedo no anda en burro

  • Miguel Alonso Raya
  • 6 sept 2017
  • 3 Min. de lectura

Los avances que se han registrado en la negociación para concretar el Frente Amplio han desatado una ofensiva para debilitarlo y desacreditar a quienes lo impulsan. Esta campaña viene de aquellos que lo ven como un riesgo para sus propias aspiraciones políticas y que están pactando todo tipo de acuerdos para frenar esta iniciativa política.

Es el caso de la negociación que involucró a los grupos parlamentarios del PRI, Verde Ecologista y PT, al que pertenecen senadores cercanos a Morena, para designar a Ernesto Cordero como presidente del Senado de la República. Esta alianza tuvo como objetivos ahondar la division del PAN - y de paso golpear la fracción panista que apoya al Frente-, facilitar la designación del Procurador Raúl Cervantes como Fiscal General e impedir que el PRD obtuviera posiciones relevantes en la Cámara Alta.

Así, como parte de esta negociación el senador Manuel Bartlett, de todas las confianzas de Andrés Manuel López Obrador -quien tanto se queja de la “mafia en el poder”-, se quedó con el control del Instituto Belisario Domínguez, desplazando de esta posición al PRD.

A este hecho antecede la información, muy probablemente filtrada por fuentes oficiales, del supuesto enriquecimiento de los familiares del dirigente panista, Ricardo Anaya, que AMLO festinó aduciendo que “le están sacando a Anaya sus trapitos al sol”.

Los afanes por dinamitar el Frente Amplio provienen, por una parte, desde el grupo en el gobierno ya que representa un riesgo potencial para sus aspiraciones de mantenerse en el poder en 2018; y, por otro lado, del sectarismo que tanto daña, que se ha negado sistemáticamente a la unidad de las izquierdas y que ahora se alía con los priistas para obstaculizar la creación de una coalición opositora que busca ganar las elecciones, terminar con el régimen caduco e impulsar un programa para transformar de fondo al país.

A pesar de lo que argumente, en los hechos la posición de AMLO favorece a Peña Nieto, sus cómplices y al PRI, que pretenden reeditar en 2018 la estrategia que aplicaron en el Estado de México. Quieren dinamitar la Iniciativa Política del Frente Amplio y luego, seguramente descargarán toda la artillería contra quien ahora apoya su plan, es decir, el propio dirigente de Morena.

Es claro que están dispuesto a utilizar todos los recursos a su alcance para ganar la presidencia y no se detendrán aunque ello implique entrometerse en la vida interna de los partidos, vulnerar la autonomía del Congreso de la Unión, utilizar recursos públicos, privados e incluso ilegales; la compra y coacción del voto, el uso de instituciones y medios de comunicación afines para desprestigiar a los adversarios políticos reales, entre otras medidas.

El objetivo fundamental de la táctica oficial es dividir a la oposición para desarticular sus esfuerzos de unidad para colocarse como una opción competitiva para ser gobierno. Para el grupo en el poder lo más deseable es que cada partido de oposición lleve su propios candidatos, y de ser posible candidatos a modo, como sucedió en el Estado de México.

Lo cierto es que el Frente camina y a Peña Nieto y al PRI esto no los tiene tan contentos -al grado de que se alían con su adversario acérrimo- porque “el miedo no anda en burro”. Les preocupa que esta coalición se concrete no sólo porque significaría una alternativa con posibilidades reales de ganar en 2018, sino porque pondría fin a los negocios que han hecho al amparo del servicio público y las redes de interés que han construido en este sexenio.

Es por ello que se empeñan en que Raúl Cervantes tenga pase en automático de Procurador General de la República a Fiscal General de la Nación. Peña Nieto y su gabinete quieren cubrirse las espaldas, pero no deberían de confiarse porque la última palabra la tendrá la sociedad que ya está harta de tanta corrupción e impunidad. #NoAlFiscalCarnal.


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