Los Sin Techo

Nuestra solidaridad y apoyo con quienes exigen justicia para las víctimas del caso de la Ciudad de los Niños, de Salamanca, Gto.

La corrupción, los conflictos de interés y la impunidad que han sido el sello de esta administración han quedado de nueva cuenta en evidencia al darse a conocer que Emilio Lozoya Austin, supuestamente, recibió 10 millones de dólares de sobornos de la empresa brasileña Odebrecht cuando formaba parte de la campaña de Enrique Peña Nieto y hasta que fue designado por éste director de Petróleos Mexicanos.

El grado de impunidad de Lozoya Austin es tal que no oculta su riqueza y cuantioso patrimonio. En 2013, apenas recién nombrado titular de Pemex, en su declaración patrimonial afirmó haber comprado en efectivo una casa por 38 millones 175 mil pesos. (Sinembargo, 15/08/2017)

Las casas lujosas adquiridas con el generoso y desinteresado respaldo de empresarios beneficiados con recursos públicos han sido práctica común del grupo en el poder. Desde la Casa Blanca, de la pareja presidencial, hasta la residencia de Malinalco, de Luis Videgaray -que involucran a Juan Armando Hinojosa, propietario del Grupo Higa, otro consentido de este gobierno-; pasando por el costoso inmueble de Lozoya Austin.

Es el grupo de Los Sin Techo, forjados en la cultura del esfuerzo, sacrificados estudiantes egresados de prestigiosas universidades de todo el mundo; que sin el menor rubor, descarada e impunemente han entregado los bienes de la nación a empresarios rapaces y corruptos a cambio de jugosos beneficios con los que se dan vida de ricos y que, traumados por su humilde origen, ahora viven en residencias de precios insultantes a costa del país y del sacrificio de los mexicanos.

Eso explica por qué rompieron los acuerdos del Pacto por México e impusieron, entre otras reformas, la energética. Su mirada estaba puesta en el business, no en la Transformación de México como presumen. Buscaban enriquecerse a costa del erario y permanecer en el poder tejiendo redes de complicidad, corrupción e impunidad sin importarles que el país se desmorone, crezca la espiral de violencia e ingobernabilidad y se ahonde la brecha de desigualdad y pobreza.

Desde que el Departamento de Justicia de Estados Unidos informó que Odebrecht pagó aproximadamente 788 millones de dólares en sobornos en 12 países de África y Latinoamérica, entre ellos México; el nombre de Lozoya Austin empezó a filtrarse como uno de los funcionarios presuntamente implicados.

Este dato parece confirmarse con declaraciones de altos exfuncionarios de la compañía ante la justicia de Brasil que aseguran haber sobornado al exdirector de Pemex a cambio de su apoyo para obtener indebidamente contratos de obra pública en México, de acuerdo con la investigación realizada por Ignacio Rodríguez Reyna y Alejandra Xanic, de Quinto Elemento Lab, publicado en Aristegui Noticias.

La organización RINDECUENTAS asegura que Odebrecht recibió “más de 9,000 millones de dólares por parte de Pemex a través de la firma de diferentes contratos y convenios por obras que generalmente aumentaban su costo, entre 2012 y 2015, con Emilio Lozoya Austin como director de la petrolera mexicana”.

En febrero de 2014 Pemex la escogió para realizar diversos trabajos en la Refinería de Minatitlán por 289.5 millones de dólares. En julio del mismo año le asignó la construcción del Gasoducto Los Ramones II por un monto de 1,200 millones de dólares. En noviembre resultó beneficiada con un contrato para la Refinería de Salamanca por 85.2 millones de dólares.

Previamente, de acuerdo con la investigación “La negra historia de Odebrecht en México”, realizada por el periodista Raúl Olmos, en la etapa final del gobierno de Vicente Fox, Odebrecht “obtuvo dos contratos para la modernización de la Refinería de Minatitlán, pero la obra la entregó hasta 2013, a un sobrecosto del 66% y con un rezago de cinco años.”

“La empresa se comprometió a realizar la obra en 635 millones de dólares. Al paso de los años ésta se encareció, y tras una disputa con el gobierno mexicano, logró que entre 2007 y 2012 –ya con Felipe Calderón- le pagaran un excedente y contratos adicionales por 420 millones de dólares”, anota Olmos en su reportaje.

La trama de corrupción lleva directamente a Enrique Peña Nieto y al financiamiento de su campaña. La complejidad es tal que en la misma están involucrados exgobernadores, como Javier Duarte –quien entregó a Odebrecht desde contratos de construcción de presas hasta la concesión del servicio de agua potable en varios municipios veracruzanos-; exfuncionarios colocados en empresas estratégicas como Pemex y legisladores que participaron en la aprobación de la reforma energética, como Raúl Cervantes, quien fungió como presidente del Senado. Ahora Cervantes es quien, como Procurador General de la República, deberá investigar a Emilio Lozoya, lo que no genera confianza alguna.

Por eso la actitud retadora de Lozoya Austin al salir de su comparecencia ante la PGR. Se siente confiado. Se jacta y presume su impunidad sin vergüenza. Sabe que si lo tocan, podría desenredar la hebra de la corrupción y las huellas de la podredumbre podrían llegar hasta Peña Nieto.

De ahí que se tiene que pugnar para que se designe una fiscalía especial que investigue a fondo los contratos otorgados a Odebrecht en las tres últimas administraciones y los supuestos sobornos que entregó a diestra y siniestra; con personalidades vinculadas a organizaciones sociales que manejan temas de transparencia, anticorrupción y rendición de cuentas.

Esta también es una oportunidad para que el Sistema Nacional Anticorrupción demuestre su viabilidad y asuma la responsabilidad constitucional que se le otorgó. Así como para que el Congreso de la Unión acuerde designar un fiscal anticorrupción autónomo e imparcial y dictamine, discuta y apruebe la Iniciativa de Ley contra el Fiscal General “Carnal” y deseche la propuesta de que Raúl Cervantes asuma en automático este cargo.

Hay que desbaratar de una vez por todas las redes de corrupción e impunidad del grupo en el poder y llevar ante la justicia a funcionarios y exfuncionarios deshonestos para que paguen por sus fechorías. Este es uno de los grandes retos del Frente Amplio que se busca impulsar para 2018. No tenemos derecho a fallarle a los mexicanos. #JusticiaNoVenganza.