La única manera en que el gobierno del estado de Guanajuato demostrará que llegará a fondo en el caso de los abusos y vejación sistemática perpetrados en contra de niñas, niños y adolescentes en los albergues de La Ciudad de los Niños en Salamanca; será investigando sin simular, aplicando la ley a secas y castigando al sacerdote Pedro Gutiérrez Farías, clérigos, monjas y demás cómplices.
Este caso que involucra a una amplia red de personajes vinculados a la Iglesia, dependencias públicas, políticos, exfuncionarios, funcionarios y particulares ha desatado una indignación generalizada a escala local y nacional.
Es por ello que llama la atención la tibia, tardía y ambigua reacción de la administración del gobernador Miguel Márquez Márquez, siguiendo el mismo patrón que en otros casos en los que se han denunciado abusos de sacerdotes y organizaciones eclesiásticas.
A pesar que desde el 11 de julio Zona Franca develó la denuncia de violencia física, emocional y sexual, desapariciones, adolescentes embarazadas y al menos 133 niñas, niños y adolescentes registrados con sus apellidos de manera irregular por el sacerdote Pedro Gutiérrez Farías y la madre Hortensia Jiménez Cruz; apenas el jueves pasado el gobierno del estado fijó posición sobre este hecho.
En conferencia de prensa, Enrique Avilés Pérez, vocero de Marquéz Marquéz, afirmó que “el gobierno del estado de Guanajuato no protegerá delincuentes, pero tampoco creará culpables.”
Sobre el tema, el ejecutivo estatal personalmente no ha declarado al respecto, lo que contrasta con otros eventos de carácter religioso donde, por lo general, se le observa en primera fila para intervenir o declarar. Así ocurrió en el marco de la ceremonia religiosa por los 100 años de la aparición de la Virgen de Fátima, donde consagró al “Sagrado Corazón de Jesús todo lo que tenemos en el estado.”
A pesar de las vejaciones cometidas a menores y adolescentes de los albergues de La Ciudad de los Niños, esta actitud no es diferente a otros hechos similares donde las autoridades han sido omisas, los responsables permanecen impunes y no se hizo justicia a las víctimas.
En mi colaboración anterior, aludí el caso del albergue de “Mamá Rosa”, en Zamora, Michoacán; en el que resultaron afectados infantes originarios de Guanajuato, no obstante, en esta última entidad, es ampliamente conocido que históricamente integrantes de la Iglesia han cometido abusos y delitos con la connivencia y protección de autoridades municipales y estatales.
En este orden, quizá el mayor escándalo ha sido el del sacerdote Juan Manzo Cárdenas, acusado de abusar sexualmente de cincuenta menores en la Escuela-Orfanato Ciudad del Niño Don Bosco, la congregación religiosa de los Salesianos en León, quien nunca pisó la cárcel por la influencia y protección de integrantes de la jerarquía católica (Proceso, 16 de marzo de 2008)
En esta misma línea, el caso más reciente es el del sacerdote Raúl Villegas Chávez, vocero de la Arquidiócesis de León y uno de los encargados de coordinar la visita del Papa Benedicto XVI en Guanajuato, quien fue detenido y acusado por los delitos de corrupción de menores, violación y abusos sexuales perpetrados contra una menor de un colegio católico de Irapuato, donde se desempeñaba como “confesor y orientador”. (Proceso, 6 de marzo de 2017).
De hecho, el Arzobispo emérito Guadalupe Martín Rábago, fue señalado de haber solapado actos de pederastia de algunos sacerdotes durante su gestión en la Arquidiócesis de León. (Periodista Digital, 26 de marzo de 2012).
La omisión y dilación deben terminar, ya es hora que tanto las autoridades federales como estatales vayan a fondo, apliquen la justicia sin ambages, castiguen los delitos cometidos por sacerdotes y personajes vinculados a la Iglesia Católica, impartan justicia y protejan los derechos de niñas, niños y adolescentes, como es su deber constitucional.
El artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que “todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.”
De igual manera, las autoridades de los dos niveles de gobierno están obligadas a cumplir con lo que establece la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes -aprobada en febrero de 2014 durante la LXII Legislatura- que reconoce a niñas, niños y adolescentes como sujetos plenos de los derechos establecidos por la Carta Magna.
Los poderes Ejecutivo y Judicial del estado de Guanajuato, en el ámbito de sus respectivas competencias, están obligados a aplicar la ley sin distingos, trátese de quien se trate, en este nuevo episodio vergonzoso de violación de los derechos humanos de menores y adolescentes.
La corrupción, la falta de aplicación de la justicia que deriva en impunidad y la connivencia de algunas autoridades con delincuentes, incluidos algunos que portan y se esconden tras una sotana religiosa; han prohijado la inseguridad, violencia e impunidad que mantiene hundido al país.
