A 20 años de la Reforma a la Ley del IMSS

A 20 años de la reforma a la Ley del Seguro Social que dio paso a la creación del sistema de cuentas individuales, el saldo es francamente devastador. La promesa de una pensión digna para los trabajadores no se cumplió, (El presidente de la Consar afirma que aún si se hicieran cambios hoy, el grueso de los trabajadores de la “generación afore” no alcanzará pensión digna).

Por lo contrario las Administradoras de Fondos para el Retiro (AFORE) han obtenido ganancias por más de 300 mil millones de pesos; mientras el costo presupuestal para la generación en transición está siendo mucho más elevado 15.5% del PEF y 3.5% del PIB Nacional para el 2017, de lo que proyectaron los diseñadores de la reforma privatizadora de los fondos de retiro.

La reforma resultó un engaño porque no había manera de cumplir con las promesas que se hicieron, pero ha sido sumamente lucrativa para las 11 administradoras que actualmente existen y manejan cerca de 3 billones de pesos producto del ahorro de los trabajadores y como sistema de ahorro para financiar una gran parte de la deuda del gobierno.

Sin embargo, para los trabajadores ha sido un fracaso porque la gran mayoría de quienes tienen una cuenta de ahorro para el retiro no obtendrá pensión, pues no podrán cumplir el requisito de las 1250 semanas de cotización por la inestabilidad en el empleo y en consecuencia, solo podrán retirar la cantidad que tengan acumulada en su cuenta. Y quienes logren cumplir los requisitos tendrán una pensión por abajo del 30% de su último salario.

Empero, a dos décadas de la puesta en marcha del mismo, el gobierno federal se resiste a realizar una evaluación objetiva de los sistemas reformados y no reformados y junto con la OCDE siguen empeñados en imponer como solución el sistema de cuentas individuales, para que “cada quien se rasque con sus uñas” en la cesantía y la vejez.

Por ello, pretende impulsar una “segunda ola de reformas” con el objetivo de apuntalar la estabilidad macroeconómica, inyectándole mayores recursos al sistema de ahorro para el retiro, pero a costa de un mayor sacrificio de los trabajadores y beneficiando, aún más, al sector financiero nacional e internacional.

De acuerdo con la Consar hay abiertas 58 millones de cuentas, lo que para muchos mexicanos representa su primer y tal vez único contacto con el sistema financiero formal”; al 31 de mayo de 2017 se tienen registrados en el IMSS: 19, 046,825 puestos de trabajo de los cuales el 86% son permanentes y el 14% eventuales y en el caso de Issste hay 1.5 millones con cuentas individuales, por lo tanto, son poco más de 20 millones 500 mil trabajadores aportando a su cuenta de ahorro para el retiro y en consecuencia, 37 millones y medio no realizan aportaciones.

Es decir, sólo ésta cantidad de trabajadores está en condiciones de ahorrar porque tiene empleo, pero en cualquier momento, por la incertidumbre e inestabilidad de la economía, podría perder el empleo y por lo tanto dejar de hacer aportaciones a su cuenta de ahorro.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) afirma que México tendrá la penúltima pensión más baja de América Latina, entre otras razones por su tasa de reemplazo, que es de cuando mucho 30% de su último salario.

Según datos de la Consar “el sistema acumula 2.9 billones de pesos de ahorro pensionario, cifra que representan el 14.5% del Producto Interno Bruto del país. De dichos recursos 1.2 billón son rendimientos netos, lo que significa poco más del 40% del total acumulado en el sistema”. Esta aparente ventaja, se diluye al distribuir el total de la masa de recursos administrados entre los 58 millones de cuentahabientes.

No habla, por supuesto, de las altas comisiones que cobran las AFORES por saldo a cada cuenta, ni muchos menos de las pérdidas multimillonarias para los ahorradores debido a las minusvalias, problemas de incertidumbre en las sistemas financieros, errores y negocios en las inversiones y prácticas ilegales e indebidas entre las administradoras de los fondos para el retiro.

Dice que “este ahorro ha propiciado un círculo virtuoso para el desarrollo nacional, pues un monto creciente de esos recursos se canaliza a actividades productivas”, aunque más bien habría que denominarlo “círculo vicioso”.

Esto porque el 54.70 por ciento de los recursos que administran las AFORES se destina a financiar deuda del gobierno federal lo que impide, por un lado, mejores rendimientos para los trabajadores y, por otro, ayuda a sostener un modelo económico que propicia la concentración de la riqueza en unos cuantos y tolera la corrupción e impunidad en los gobiernos y entre estos y una parte importante del sector privado.

Desde la perspectiva del gobierno, es entendible que impulse una nueva reforma pensionaria, no porque se preocupe por el bienestar de los trabajadores, como es evidente, sino por cínicos y porque buscan minimizar su responsabilidad respecto a la crisis que enfrenta el sistema de ahorro para el retiro.

Es una paradoja que quienes en su momento defendieron a capa y espada la creación de cuentas individuales, ahora se muestren alarmados por los deficientes resultados e impulsen una “segunda ola de reformas”.

Destaca entre ellos José Ángel Gurría, secretario de Hacienda del gobierno del presidente Ernesto Zedillo, artífice de la reforma al Seguro Social; quien promueve ahora, como secretario general de la OCDE, seguir haciendo modificaciones a las reformas para garantizar la supervivencia del sistema. Por supuesto, cargándole aún más la mano a los trabajadores.

Los defensores de esta iniciativa, plantean incrementar las aportaciones de los trabajadores hasta un 15 a 18% –la contribución actual es de 6.5% del salario base(montó que se divide entre patrón, trabajador y el gobierno federal) para aumentar la aportación plantean -incorporar el monto de recursos depositados en la subcuenta de vivienda administrada por el INFONAVIT, aumentar la aportación de los trabajadores y la edad para pensionarse, son promotores de la hipotecas regresivas o inversas para ayudar a financiar los costos de la vejez.

No hay duda que los sistemas de pensiones están en crisis y deben reformarse, pero no es con más de lo mismo como se resolverá el fracaso de las reformas a la ley del IMSS (1995-97) y del ISSSTE (2007) mismas que cerraron el sistema de reparto y solidaridad inter generacional con beneficios definidos, sustituyéndolo por uno de cuentas individuales con aportaciones definidas y beneficios inciertos o en función del monto de ahorro acumulado en la cuenta individual de cada trabajador más los rendimientos.

También es necesario revisar y reorientar el modelo económico vigente, que no sólo condenan a la pobreza y a la soledad a las personas en la vejez, sino además, limita y conculca en los hechos, el derecho a la seguridad social (pensiones, salud y vivienda) a los 33 millones de jóvenes que forman parte de la población nacional, por la precarización e inestabilidad en el empleo que se traduce en bajos salarios, trabajo por honorarios, free lance, outsourcing, y sin prestaciones de Ley.

La alternativa es hacer una revisión seria del sistema de cuentas individuales y de todos los sistemas pensionarios y buscar salidas distintas a las que hasta ahora se han venido planteando, el objetivo debe ser como lograr pensiones dignas y servicios de salud eficientes y con calidad y calidez.

Y esto sin duda, está relacionado con la necesidad de construir una alternativa política confiable, capaz de convertirse en la opción para lograr un cambio de fondo en el 2018, renovar al Ejecutivo Federal y al Congreso de la Unión e impulsar un nuevo acuerdo social similar al Pacto de Toledo en España, para poder enfrentar y resolver los problemas estructurales de los sistemas de seguridad social mediante la actualización de los montos de tributación, bajo un principio “que paguen más los que más tienen”, se trata de poner un piso más parejo para todos, pero teniendo como eje principal el fortalecimiento del empleo y el salario, que son la base fundamental de cualquier sistema de seguridad social y la adecuada fiscalización, transparencia y rendición de cuentas de los recursos del erario público.

Este es uno de los grandes retos que tiene la construcción de un Frente Amplio, se trata sí, de vencer al PRI y sacar del gobierno al grupo gobernante corrupto y sus cómplices que han hundido a México; pero también de impulsar acuerdos de fondo que tengan como preocupación principal resolver los principales problemas del país para mejorar la calidad de vida de todos los mexicanos.