El de Peña, un gobierno autoritario y cínico

El supuesto espionaje del que fueron víctimas destacados periodistas, dirigentes de organizaciones civiles y defensores de derechos humanos, confirma el talante autoritario del gobierno de Enrique Peña Nieto y la política de represión, hostigamiento e intimidación contra periodistas y activistas sociales que lo ha caracterizado.

El periódico New York Times dio a conocer que al menos desde 2011 tres agencias federales mexicanas han gastado casi 80 millones de dólares en programas de espionaje de una empresa de origen israelí.

Informó que el software, denominado Pegasus, se infiltra en los teléfonos inteligentes y otros aparatos para monitorear cualquier detalle de la vida diaria de una persona por medio de su celular: llamadas, mensajes de texto, correos electrónicos, contactos y calendarios. Y puede utilizar el micrófono y la cámara de los teléfonos para realizar vigilancia.

Hasta el momento se sabe que las víctimas de espionaje fueron, entre otros, los periodistas Carmen Aristegui y Carlos Loret de Mola; Juan Pardiñas, director ejecutivo del Instituto Mexicano para la Competitividad; Mario E. Patrón, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y representante de los padres de los 43 jóvenes estudiantes normalistas de Ayotzinapa.

Así como Santiago Aguirre, abogado representante de los familiares de los normalistas; y la abogada estadunidense Stephanie E. Brewer, quien representa a personas que participaron en las protestas de San Salvador Atenco.

Todos ellos han estado involucrados en la denuncia de los escándalos más graves de corrupción, violación de derechos humanos y represión que han marcado este sexenio.

Esta agresión se da en el contexto del incremento de asesinatos y violencia contra periodistas y activistas sociales, la gran mayoría de los cuales permanecen impunes.

La noticia se conoce apenas unos días después de que el presidente se dijo alarmado por la violencia contra comunicadores y defensores de derechos humanos y anunció una serie de medidas para protegerlos y preservar la libertad de expresión.

La respuesta de Peña Nieto a la información del rotativo estadounidense y a las protestas de los afectados ha sido, por decir lo menos, cínica y preocupante. Dijo que él mismo se ha sentido espiado, afirmó que su gobierno no actuará contra quien denunció el presunto espionaje y se deslindó de este hecho.

Sin embargo, puntualizó que si eventualmente alguien dentro de su gobierno perpetró esta actividad ilegal, será la Procuraduría General de la República la que investigue.

Peca de cinismo el Ejecutivo al pretender hacer creer que, además del gobierno, alguna otra instancia tendría capacidad o interés en gastar 80 millones de dólares para espiar a quienes precisamente son críticos del mismo.

Es preocupante e increíble además, como se infiere de sus declaraciones, que un funcionario se haya tomado la libertad de ordenar una operación de espionaje de esta dimensión, sin la autorización y conocimiento del primer mandatario.

Lo cierto es que la administración actual se ha caracterizado por una política de hostigamiento, intimidación y agresión contra comunicadores y medios no afines y ha buscado diversas estrategias para acallar voces críticas.

Tácticas similares fueron desplegadas, entre otros, por los exgobernadores Javier Duarte, en Veracruz; César Duarte, en Chihuahua; y Roberto Borge, en Quintana Roo; correligionarios de Peña Nieto y presumidos en su momento como destacados cuadro priistas pero que terminaron encabezando administraciones desastrosas y corruptas y cuyo desprestigio también alcanzó al titular del Ejecutivo Federal que los ha protegido a más no poder.

Estos son, justamente, algunos de los estados que registran el mayor número de agresiones contra periodistas a manos de la delincuencia organizada, funcionarios o producto de la connivencia de ambos.

Sin duda, tales agresiones buscan infundirles miedo a los periodistas para que no se metan con determinados temas, no vayan más allá de ciertos límites respecto del gobierno o de la delincuencia organizada y mandar el mensaje de que quien los rebase se atendrá a las consecuencias.

En el fondo, lo que está en juego en este panorama es el ejercicio de garantías individuales elementales como la libertad de expresión, el respeto a los derechos humanos y las bases mismas de la democracia.

Por eso las declaraciones presidenciales sobre estos y otros acontecimientos no convencen a nadie. Son vil demagogia ante hechos evidentes.

Este es un gobierno con una total pérdida de credibilidad y confianza que sólo se sostiene gracias a que no existen en México mecanismos de control tales como la revocación de mandato, referéndum, plebiscito o para adelantar elecciones ante crisis de esta envergadura.

Desde otra perspectiva, el gobierno también refleja un alto grado de vulnerabilidad al tener que recurrir a medidas de espionaje para poder caminar.

En medio de semejante pérdida de credibilidad, Peña Nieto está terminando en la soledad de Los Pinos, sin la confianza de la sociedad y traicionado por propios y extraños. México da la sensación de un país sin rumbo y sin un timonel que sea capaz de llevarlo a buen puerto ante la tormenta que atraviesa y las turbulencias que se ven venir.

A nuestro país, y a sus 126 millones habitantes, les urge un esfuerzo de organización política seria, responsable, capaz de convertirse en una alternativa y opción de gobierno, real y confiable para la absoluta mayoría de los ciudadanos.

Entre otros objetivos, esta iniciativa debe enfocarse en ganar para la sociedad y la nación entera el gobierno en el 2018, sacando a la camarilla actual e integrar un gobierno de coalición que represente al frente amplio y su programa. Este es el mejor homenaje que le podemos y debemos hacer a los periodistas y activistas asesinados.

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